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torio que el Estado deba reconocer o retribuirle al partido político o coalición, la cuantía por votos obtenidos en determinado evento electoral, con lo cual, podría interpretarse que al final lo que busca el funcionario es obtener un beneficio económico de parte del Estado. IV. Que la deuda política es el financiamiento que el Estado le otorga a los gastos de campaña electoral en que incurren los partidos políticos o coaliciones para elegir a funcionarios de elección popular, conforme a la Constitución y la ley; por lo que en beneficio a los salvadoreños los partidos políticos deben financiar sus plataformas y ofertas electorales en cada evento que participen. V. Que la intención del individuo para acceder al poder, debe ser la convicción de servir al pueblo, resultando incoherente que el Estado deba reconocer al funcionario a través de los mecanismos que se utilizan para acceder al poder, fondos que deberían ser destinados para atender las necesidades más urgentes de las políticas públicas del gobierno y con ello, hacer un uso eficiente de los recursos del mismo. VI. Que habiéndose cumplido con los requisitos que establece el artículo 248 de la Constitución para su modificación, es procedente ratificar la derogatoria al artículo 210 de