Ley 1743 de 2014
This is the preamble of Law 1743 of 2014, which states that the law establishes financing alternatives for the Judicial Branch.
- Jurisdiction
- Colombia
- Instrument
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- Ley 1743 de 2014
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This is the preamble of Law 1743 of 2014, which states that the law establishes financing alternatives for the Judicial Branch. Esta disposición crea nuevos recursos para mejorar la administración de justicia y dispone que los recursos recaudados se administren por la autoridad indicada mediante el fondo previsto en la ley. El Gobierno Nacional debe reglamentar cómo se transfieren estos recursos a las entidades competentes del orden nacional y territorial. Crea un fondo especial de la administración de justicia y asigna al Consejo Superior de la Judicatura su administración, con reglas sobre recursos, reportes y consignación bancaria. Defines a category of special judicial deposits and requires public notice before transferring them; beneficiaries then have 20 business days to claim them.
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This is the preamble of Law 1743 of 2014, which states that the law establishes financing alternatives for the Judicial Branch.
Última actualización: 30 de junio de 2026 - (Diario Oficial No. 53.530 - 22 de junio de 2026) Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción Inicio Artículo 1 2 CAPÍTULO I 3 4 5 6 7 8 CAPÍTULO II 9 10 11 CAPÍTULO III 12 CAPÍTULO IV 13 CAPÍTULO V 14 15 CAPÍTULO VI 16 17 18 19 20 21 22 23 CAPÍTULO VII 24 CAPÍTULO VIII 25 LEY 1743 DE 2014 (diciembre 26) Diario Oficial No. 49.376 de 26 de diciembre de 2014 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por medio de la cual se establecen alternativas de financiamiento para la Rama Judicial Resumen de Notas de Vigencia EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA:
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ARTÍCULO 1o.
Esta disposición crea nuevos recursos para mejorar la administración de justicia y dispone que los recursos recaudados se administren por la autoridad indicada mediante el fondo previsto en la ley.
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley regula nuevos recursos que contribuyan a mejorar el funcionamiento de la administración de justicia, sin detrimento de las apropiaciones que se hagan anualmente a través de la Ley General de Presupuesto. Los recursos recaudados con ocasión de la presente ley serán administrados por el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, a través del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia de que trata esta ley. - 2o Verify source ↗
ARTÍCULO 2o.
El Gobierno Nacional debe reglamentar cómo se transfieren estos recursos a las entidades competentes del orden nacional y territorial.
ARTÍCULO 2o. DESTINACIÓN. Los recursos que ingresen al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia durante los primeros cuatro (4) años de vigencia de esta ley serán destinados a la puesta en marcha del sistema oral establecido en el Código General del Proceso, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el Código de Procedimiento Penal, así como a la creación de los juzgados de extinción de dominio ordenada en el artículo 215 de la Ley 1708 de 2014. Los recursos recaudados en cumplimiento de lo establecido en la presente ley se destinarán en un dos por ciento (2%) a la promoción y utilización de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, como medida preventiva de descongestión, especialmente en lo relacionado al cumplimiento del Plan Nacional de Conciliación. Programa Nacional de Justicia en equidad, Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana. El Gobierno Nacional reglamentará la transferencia de estos recursos a las entidades competentes del orden nacional y territorial. CAPÍTULO I. DE LOS DEPÓSITOS JUDICIALES. - 3o Verify source ↗
ARTÍCULO 3o.
Crea un fondo especial de la administración de justicia y asigna al Consejo Superior de la Judicatura su administración, con reglas sobre recursos, reportes y consignación bancaria.
ARTÍCULO 3o. FONDO PARA LA MODERNIZACIÓN, DESCONGESTIÓN Y BIENESTAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El artículo 192 de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 21 de la Ley 1285 de 2009, quedará así: “artículo 192. El Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia será un fondo especial administrado por el Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, integrado por los siguientes recursos: “1. Los derechos, aranceles, emolumentos y costos que se causen con ocasión de las actuaciones judiciales y sus rendimientos. “2. Los recursos provenientes del pago del Arancel Judicial. “3. Los recursos provenientes del pago de la Contribución Especial Arbitral. “4. El dinero recaudado por la aplicación del artículo 206 del Código General del Proceso, o norma que lo sustituya, adicione y/o complemente. “5. Los recursos provenientes de los depósitos judiciales en condición especial, de que trata el artículo 192A de la Ley 270 de 1996. “6. Los recursos provenientes de los depósitos judiciales no reclamados, de que trata el artículo 192B de la Ley 270 de 1996. “7. El dinero recaudado por concepto de las multas impuestas por los jueces a las partes y terceros en el marco de los procesos judiciales y arbitrales de todas las jurisdicciones. “8. Los recursos provenientes del impuesto de remate establecido en el artículo 7o de la Ley 11 de 1987, o norma que haga sus veces. “9. Los recursos provenientes de los acuerdos de compartición de bienes con otros Estados. “10. Los recursos provenientes de donaciones. “11. Los rendimientos generados sobre todos los recursos enunciados en los numerales anteriores, sin perjuicio de la destinación del 30% para el Sistema Carcelario y Penitenciario establecida en el artículo 6o de la Ley 66 de 1993. “12. Los demás que establezca la ley. “Parágrafo 1o. El Fondo no contará con personal diferente al asignado a la Dirección Ejecutiva y a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces. Los recursos del Fondo formarán parte del Sistema de Cuenta Única Nacional, en los términos del artículo 261 de la Ley 1450 de 2011, o las normas que lo modifiquen o sustituyan, en la medida en que sean incorporados al Presupuesto General de la Nación. “Parágrafo 2o. Todos los jueces de la República estarán obligados a reportar al Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de esta ley, y de manera periódica cada semestre, la relación de todos los depósitos judiciales en condición especial y los depósitos judiciales no reclamados, so pena de las sanciones disciplinarias y fiscales a las que haya lugar. “Parágrafo 3o. El Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, deberá cotejar con el Banco Agrario de Colombia, o la entidad bancaria correspondiente, la información entregada por los jueces con el fin de trasladar los recursos de los que hablan los numerales 4, 5, 6 y 7 de este artículo al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, so pena de las sanciones disciplinarias, penales y fiscales a las que haya lugar por la omisión de esta obligación”. PARÁGRAFO 4o. Todos los recursos que de conformidad con el presente artículo integran el Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la administración de Justicia serán consignados en una cuenta del Banco Agrario de Colombia S.A. - 4o Verify source ↗
ARTÍCULO 4o.
Defines a category of special judicial deposits and requires public notice before transferring them; beneficiaries then have 20 business days to claim them.
ARTÍCULO 4o. DEPÓSITOS JUDICIALES EN CONDICIÓN ESPECIAL. Adiciónese el artículo 192A a la Ley 270 de 1996, el cual quedará así: “Artículo 192A. Se entiende por depósitos judiciales en condición especial los recursos provenientes de los depósitos judiciales que tengan más de diez (10) años de constitución y que: a) “No puedan ser pagados a su beneficiario por la inexistencia del proceso en el despacho judicial a cuyo cargo están, o de la falta de solicitud para su pago, o de la falta de la petición de otro despacho para proceder a su pago, o b) “Hayan sido consignados en el Banco Agrario, o entidad bancaria correspondiente, o estén a su cargo, sin que se tenga identificado el despacho judicial bajo cuya responsabilidad deberían estar. “Parágrafo. Antes de trasladar los recursos de los depósitos judiciales en condición especial, el Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, publicará por una sola vez en un diario de amplia circulación nacional y en la página web oficial de la Entidad el listado de todos los depósitos judiciales en condición especial, vigentes a la fecha de publicación, identificando el radicado del proceso – si lo tiene–, sus partes – si las conoce – y la fecha en que fue hecho el depósito, para que en el término de veinte (20) días hábiles, siguientes a la fecha de la publicación, el beneficiario del depósito se presente a realizar las reclamaciones correspondientes ante el Juzgado que conoció del proceso. Si el beneficiario no reclama el depósito, se entenderá que los recursos prescribieron de pleno derecho a favor de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia”. - 5o Verify source ↗
ARTÍCULO 5o.
Los depósitos judiciales no reclamados pasan al Consejo Superior de la Judicatura después de 2 años, o 3 años si vienen de procesos laborales; antes de moverlos, debe publicarse un listado y el beneficiario tiene 20 días hábiles para reclamarlos.
ARTÍCULO 5o. DEPÓSITOS JUDICIALES NO RECLAMADOS. Adiciónese el artículo 192B de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así: “Artículo 192B. Depósitos judiciales no reclamados. Los depósitos judiciales que no hayan sido reclamados por su beneficiario dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de terminación definitiva de cualquier proceso menos el laboral, prescribirán de pleno derecho a favor de la Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia. “Los depósitos judiciales provenientes de procesos laborales que no hayan sido reclamados por su beneficiario dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha de terminación definitiva del proceso, prescribirán de pleno derecho a favor de la Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia. “Parágrafo. Antes de trasladar los recursos de los depósitos judiciales no reclamados, el Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, publicará por una sola vez en un diario de amplia circulación nacional y en la página web oficial de la Entidad el listado de todos los depósitos judiciales no reclamados a la fecha de publicación, identificando el radicado del proceso, sus partes y la fecha de la actuación que dio fin al proceso, para que en el término de veinte (20) días hábiles, siguientes a la fecha de la publicación, el beneficiario del depósito se presente a realizar las reclamaciones correspondientes ante el Juzgado que conoció del proceso. Si el beneficiario no reclama el depósito, se entenderá que los recursos prescribieron de pleno derecho a favor de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia”. - 6o Verify source ↗
ARTÍCULO 6o.
Money from interest, returns, and certain fines must be split 70%/30% between judicial administration purposes and prison-related projects.
ARTÍCULO 6o. DESTINACIÓN. Modifíquese el artículo 6o de la Ley 66 de 1993, el cual quedará así: “Artículo 6o. Destinación. Los dineros que se reciban por concepto de intereses, y en general rendimientos, que se hayan generado y se generen sobre los valores de los depósitos judiciales en condición especial, los depósitos judiciales no reclamados y las multas impuestas a las partes, jueces y terceros en el marco de los procesos judiciales y arbitrales de todas las jurisdicciones, se distribuirán, en un setenta por ciento (70%) para la Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, y en un treinta por ciento (30%) para los planes, programas y proyectos de rehabilitación y de construcción, mejoras, adecuación y consecución de los centros carcelarios y penitenciarios”. - 7o Verify source ↗
ARTÍCULO 7o.
Los jueces deben clasificar ciertos depósitos como depósitos judiciales especiales o no reclamados, y el Gobierno nacional debe reglamentar la transferencia de esos recursos.
ARTÍCULO 7o. CONSIGNACIÓN. Todos los depósitos que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hayan cumplido las condiciones señaladas en los artículos 192A y 192B de la Ley 270 de 1996 deberán ser catalogados por los jueces como depósitos judiciales en condición especial o depósitos judiciales no reclamados, según sea el caso. Los depósitos deberán ser consignados a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia. El Gobierno nacional reglamentará las condiciones y los plazos para la transferencia de los recursos ordenada en el inciso primero de este artículo. - 8o Verify source ↗
ARTÍCULO 8o.
Court-ordered funds and related fines, bonds, and prescribed deposits must be deposited in Banco Agrario de Colombia, which must also pay interest at specified DTF-based rates and within a set quarterly/payment timetable.
ARTÍCULO 8o. CONSIGNACIÓN, INTERESES Y PAGO. El artículo 191 <203> de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 20 de la Ley 1285 de 2009, quedará así: “Artículo 191. Los dineros que deban consignarse a órdenes de los despachos de la Rama Judicial de conformidad con lo previsto en la presente ley y en las disposiciones legales vigentes se depositarán en el Banco Agrario de Colombia. “De la misma manera se procederá respecto de las multas, cauciones y pagos que decreten las autoridades judiciales o de los depósitos que prescriban a favor de la Nación. “Sobre estos montos el Banco Agrario deberá pagar durante el primer año de vigencia de esta ley una tasa equivalente al 25% de la DTF vigente. “A partir del segundo año de vigencia de esta ley el Banco Agrario de Colombia pagará una tasa equivalente al 50% de la DTF vigente. “Para efectos de la liquidación de los intereses, los anteriores pagos se causarán por trimestre calendario y deberán pagarse dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo”. CAPÍTULO II. DE LAS MULTAS. - 9o Verify source ↗
ARTÍCULO 9o.
Fines imposed in judicial and arbitral proceedings, and for contempt in tutela cases, must be deposited for the Judiciary and used for the modernization, decongestion, and welfare fund of the administration of justice.
ARTÍCULO 9o. MULTAS. Los recursos provenientes de las multas impuestas por los jueces a las partes y terceros en el marco de los procesos judiciales y arbitrales de todas las jurisdicciones, así como las impuestas en incidentes de desacato a fallos de acciones de tutela, serán consignados a favor de la Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia. - 10 Verify source ↗
ARTÍCULO 10.
Quien deba pagar una multa tiene 10 días hábiles para hacerlo; si no acredita el pago, el juez competente debe remitir la providencia y una certificación al Consejo Superior de la Judicatura, y el sancionado debe pagar intereses moratorios.
ARTÍCULO 10. PAGO. El obligado a pagar una multa tendrá diez (10) días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la fecha de ejecutoria de la providencia que impone la sanción, para pagar la multa. En caso de que dentro del término concedido, el obligado no acredite el pago de la multa ante el Juez de Conocimiento, el juez competente, so pena de las sanciones disciplinarias, fiscales y penales a las que haya lugar, deberá enviar al Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo que tenía el obligado para pagar la multa, la primera copia auténtica de la providencia que impuso la multa y una certificación en la que acredite que esta providencia se encuentra ejecutoriada, la fecha en que Esta cobró ejecutoria y la fecha en que se venció el plazo que tenía el obligado para pagar la multa. De lo anterior dejará constancia en el expediente. Desde el día hábil siguiente al vencimiento del plazo legal establecido para pagar la multa, el sancionado deberá cancelar intereses moratorios. Para estos efectos, la tasa de interés moratorio será una y media veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora. - 11 Verify source ↗
ARTÍCULO 11.
Las oficinas judiciales y de cobro coactivo deben adelantar el cobro coactivo de las multas y tramitar los casos pendientes según este artículo.
ARTÍCULO 11. COBRO COACTIVO. La Dirección Ejecutiva y las Oficinas de Cobro Coactivo del Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, adelantarán el cobro coactivo de las multas, conforme a lo establecido en el artículo anterior, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 136 de la Ley 6ª de 1992 y siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 5o de la Ley 1066 de 2006. Las multas que con anterioridad a la vigencia de esta ley no hayan sido cobradas, deberán ser enviadas por el despacho judicial competente a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial correspondiente, quienes a través de las Oficinas de Cobro Coactivo del Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, deberán iniciar el proceso correspondiente. En el caso en que se inicie el proceso de cobro, el juez competente deberá enviar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial correspondiente, o quien haga sus veces, la primera copia auténtica de la providencia que impuso la multa y una certificación en la que acredite que esta providencia se encuentra ejecutoriada, la fecha en que Esta cobró ejecutoria y la fecha en que se venció el plazo que tenía el obligado para pagar la multa, de lo cual dejará constancia en el expediente. CAPÍTULO III. IMPUESTO DE REMATE Y ADJUDICACIONES. - 12 Verify source ↗
ARTÍCULO 12.
Buyers in qualifying auctions must pay a 5% auction tax, and the auction entity must collect it and remit it monthly to the justice modernization fund.
ARTÍCULO 12. IMPUESTO DE REMATE. En adelante, el artículo 7o de la Ley 11 de 1987 quedará así: “Artículo 7o. Los adquirentes en remates de bienes muebles e inmuebles que se realicen por el Martillo, los Juzgados Civiles, los Juzgados Laborales y demás entidades de los órdenes nacional, departamental y municipal, pagarán un impuesto del cinco por ciento (5%) sobre el valor final del remate, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia. Sin el lleno de este requisito no se dará aprobación a la diligencia respectiva. “Parágrafo. El valor del impuesto de que trata el presente artículo será captado por la entidad rematadora, y entregado mensualmente al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia”. CAPÍTULO IV. MODIFICACIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO. - 13 Verify source ↗
ARTÍCULO 13.
Si el juramento estimatorio supera en 50% lo probado, quien lo hizo debe pagar una suma al Consejo Superior de la Judicatura. También hay sanción si se niegan las pretensiones por falta de prueba de los perjuicios, cuando ello sea por actuar negligente o temerario de la parte.
ARTÍCULO 13. MODIFICACIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO. En adelante el inciso cuarto y el parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso quedarán así: “Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada. Jurisprudencia Vigencia … “Parágrafo. También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas. “La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte”. CAPÍTULO V. RÉGIMEN PARA LA COMPARTICIÓN DE BIENES DECOMISADOS EN OTROS PAÍSES. - 14 Verify source ↗
ARTÍCULO 14.
El Gobierno nacional y la Fiscalía General deben celebrar acuerdos con otros Estados para permitir compartir ciertos bienes y recursos ilícitos; además, los recursos obtenidos deben destinarse al fondo de administración de justicia indicado.
ARTÍCULO 14. ACUERDOS DE COMPARTICIÓN DE BIENES. El Gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación suscribirán acuerdos con otros Estados por virtud de los cuales el Estado colombiano pueda compartir, con los Estados Parte de estos convenios, los bienes y recursos producto de actividades ilícitas que sean objeto de comiso, decomiso o extinción de dominio, obtenidos como resultado de acciones de cooperación internacional para la persecución del delito. Los recursos que sean obtenidos a través del cumplimiento de los acuerdos de compartición de bienes que suscriba el Estado colombiano con otros Estados serán destinados al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, sin perjuicio de la destinación específica que para los bienes y recursos disponen los artículos 86 de la Ley 906 de 2004 y 91 de la Ley 1708 de 2014 en lo que concierne a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación. - 15 Verify source ↗
ARTÍCULO 15.
Certain Colombian state authorities must immediately notify the Fiscalía General de la Nación and the Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado when they share cross-border cooperation information that could support forfeiture or related asset recovery actions.
ARTÍCULO 15. SEGUIMIENTO. Para efectos de dar cumplimiento a lo previamente dispuesto, cada vez que una agencia, entidad, organismo, y en general cualquier autoridad del Estado colombiano, en cumplimiento de cualquier convenio, acuerdo o tratado internacional de cooperación internacional contra el delito, suministre información a las autoridades de otro Estado que permita el comiso, decomiso o la extinción de bienes, deberá informar de manera inmediata a la Fiscalía General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que hagan seguimiento internacional a los procesos de extinción de dominio, comisos, decomisos, y en general a cualquier procedimiento que lleve a la declaración de titularidad a favor de un Estado extranjero de los bienes producto de actividades ilícitas, con el fin de que los bienes y recursos obtenidos sigan el régimen para compartir bienes y sus frutos establecido en los acuerdos de los que trata esta ley, y sean destinados al Fondo para la Modernización. Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia. CAPÍTULO VI. CONTRIBUCIÓN ESPECIAL ARBITRAL. - 16 Verify source ↗
ARTÍCULO 16.
La Contribución Especial Arbitral es una contribución parafiscal a cargo de los centros de arbitraje y de los árbitros; en tribunales arbitrales ad hoc, queda a cargo de los árbitros.
ARTÍCULO 16. NATURALEZA. La Contribución Especial Arbitral es una contribución parafiscal a cargo de los centros de arbitraje y de los árbitros, con destino a la Nación – Rama Judicial. En los casos de tribunales arbitrales ad hoc la Contribución Especial Arbitral es un aporte parafiscal a cargo de los árbitros. - 17 Verify source ↗
ARTÍCULO 17.
Este artículo identifica al sujeto activo de la Contribución Especial Arbitral y señala que esa contribución se causa a favor del Consejo Superior de la Judicatura o de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces.
ARTÍCULO 17. SUJETO ACTIVO. <Artículo modificado por el artículo 362 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> La Contribución Especial Arbitral se causa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino a la financiación del Sector Justicia y de la Rama Judicial. Notas de Vigencia Legislación Anterior - 18 Verify source ↗
ARTÍCULO 18.
La Contribución Especial Arbitral está a cargo de los centros de arbitraje, los árbitros y los secretarios.
ARTÍCULO 18. SUJETO PASIVO. <Artículo modificado por el artículo 362 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> La Contribución Especial Arbitral está a cargo de los Centros de Arbitraje, los árbitros y los secretarios. Notas de Vigencia Legislación Anterior - 19 Verify source ↗
ARTÍCULO 19.
The special arbitral contribution is triggered when process expenses are paid, and for arbitrators and secretaries when the award ending the process is issued.
ARTÍCULO 19. HECHO GENERADOR. <Artículo modificado por el artículo 362 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> La Contribución Especial Arbitral para los Centros de Arbitraje se genera cuando les sean pagados los gastos fijados en cada proceso y para los árbitros y secretarios cuando se profiera el laudo que ponga fin al proceso. Notas de Vigencia Legislación Anterior - 20 Verify source ↗
ARTÍCULO 20.
This article sets the taxable base for the Special Arbitration Contribution for arbitration centers, arbitrators and secretaries, and ad hoc arbitral tribunals.
ARTÍCULO 20. BASE GRAVABLE. <Artículo modificado por el artículo 362 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Para los Centros de Arbitraje la base gravable de la Contribución Especial Arbitral será el monto de lo recibido por los Centros de Arbitraje por concepto de gastos de funcionamiento del tribunal arbitral respectivo. Para los árbitros y secretarios será el monto de los honorarios efectivamente recibidos. Para los tribunales arbitrales ad hoc la base gravable estará compuesta por el monto recaudado por concepto de gastos de funcionamiento y honorarios percibidos. Notas de Vigencia Legislación Anterior - 21 Verify source ↗
ARTÍCULO 21.
La tarifa para arbitraje institucional es del 2% de la base gravable para los árbitros y del 2% para los Centros de Arbitraje; para los tribunales ad hoc, la tarifa es del 2%.
ARTÍCULO 21. TARIFA. La tarifa para arbitraje institucional será del dos por ciento (2%) de la base gravable para los árbitros y del dos por ciento (2%) para los Centros de Arbitraje. la tarifa para los tribunales ad hoc será del dos por ciento (2%). - 22 Verify source ↗
ARTÍCULO 22.
El Centro de Arbitraje debe pagar la contribución dentro del mes siguiente a que se paguen los gastos de funcionamiento del tribunal; además, el presidente del tribunal arbitral debe descontar 2% de ciertos honorarios y consignarlo inmediatamente a la autoridad indicada.
ARTÍCULO 22. LIQUIDACIÓN Y PAGO. <Artículo modificado por el artículo 362 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> El Centro de Arbitraje deberá pagar la contribución dentro del mes siguiente en que le hayan sido pagados los gastos de funcionamiento del Tribunal respectivo, mediante consignación realizada a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces. El presidente del tribunal arbitral descontará del pago del saldo final de los honorarios, el dos por ciento (2%) del valor total pagado a cada árbitro y al secretario, y la suma que resulte la consignará inmediatamente a la orden del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia. Notas de Vigencia Legislación Anterior - 23 Verify source ↗
ARTÍCULO 23.
Los centros de arbitraje deben enviar un informe semestral con ciertos montos a la autoridad indicada; si usan documentación falsa, alteran u omiten la información para evadir el pago, pueden ser sancionados con una contribución especial triple más intereses.
ARTÍCULO 23. INFORMACIÓN Y SANCIÓN. Los Centros de Arbitraje deberán enviar semestralmente a la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho un informe sobre el monto de las pretensiones, el monto de los costos de funcionamiento, el monto de los honorarios percibidos por los árbitros y el monto correspondiente a las Contribuciones Arbitrales Especiales que sean debidas, en cada uno de los procesos que se adelanten bajo su administración. Además de las sanciones penales, fiscales y disciplinarias a que haya lugar, el Centro de Arbitraje o árbitro que utilice documentación falsa o adulterada o que a través de cualquier otro medio fraudulento altere la información prevista en el inciso anterior u omita informarla para evadir el pago de esta contribución, deberá pagar a favor de la Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, a título de sanción, una Contribución Arbitral Especial equivalente al triple de la tarifa inicialmente debida, conforme a lo establecido por esta ley, más los intereses moratorios a la máxima tasa legal permitida desde la fecha en que debía haber pagado la Contribución Arbitral Especial y hasta la fecha en que efectivamente se cancele. PARÁGRAFO. La Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho, bajo las reglas del debido proceso y siguiendo el trámite establecido en el Capítulo III del Título III de la Ley 1437 de 2011, determinará la imposición de esta sanción. CAPÍTULO VII. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO. - 24 Verify source ↗
ARTÍCULO 24.
El Consejo Superior de la Judicatura debe presentar un informe semestral sobre los resultados del fondo y otro informe detallado sobre la implementación de la oralidad en la justicia colombiana.
ARTÍCULO 24. INFORME DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO. El Consejo Superior de la Judicatura deberá presentar un informe semestral en el cual informará de forma precisa y objetiva los resultados del ejercicio provenientes del recaudo, inversión y rendimientos del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia a las Comisiones Terceras del Congreso de la República. De la misma forma deberá entregar un informe detallado sobre la implementación de la oralidad como sistema en la Justicia colombiana. CAPÍTULO VIII. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. - 25 Verify source ↗
ARTÍCULO 25.
La ley entra en vigencia desde su promulgación, deroga los artículos 9 y 10 de la Ley 66 de 1993 y aplica la Contribución Especial Arbitral a ciertos procesos arbitrales posteriores a esa vigencia.
ARTÍCULO 25. DEROGATORIAS Y VIGENCIA. Esta ley entrará a regir a partir de su promulgación y deroga los artículos 9o y 10 de la Ley 66 de 1993 y las demás disposiciones que le sean contrarias. La Contribución Especial Arbitral establecida en los artículos 16 a 23 de la presente ley se aplicará a los procesos arbitrales nacionales e internacionales cuyas demandas se presenten con posterioridad a la vigencia de la misma. El Presidente del honorable Senado de la República, JOSÉ DAVID NAME CARDOZO. EL Secretario General del honorable Senado de la República, GREGORIO ELJACH PACHECO. El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, FABIO RAÚL AMÍN SALEME. El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO. REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL Publíquese y cúmplase. Dada en Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 2014. JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN El Ministro de Hacienda y Crédito Público, MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA. El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, encargado de Funciones del Despacho del Ministro de Justicia y de Derecho, MIGUEL SAMPER STROUSS. Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial S.A.S.© "Leyes desde 1992 - Vigencia Expresa y Sentencias de Constitucionalidad" ISSN [1657-6241 (En linea)] Última actualización: 30 de junio de 2026 - (Diario Oficial No. 53.530 - 22 de junio de 2026) Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.
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Ley 1743 de 2014
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