Orden de 26 de octubre de 1998 por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de colaboración con las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social. | BOE-A-1998-26881 — Spain law | Esheria

Orden de 26 de octubre de 1998 por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de colaboración con las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social.

This provision states that the subsidy is for labor costs tied to hiring unemployed workers for works or services of general and social interest with local government bodies or linked entities.

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Jurisdiction
Spain
Instrument
Order
Citation
BOE-A-1998-26881
Version
Undated source snapshot
Language
es
Updated
Official source
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Statute overview

About this statute

La obra o el servicio debe iniciarse en 30 días naturales desde la fecha prevista en la resolución de subvención, salvo fuerza mayor o causa justificada. La entidad solicitante debe presentar la certificación de inicio cuando comience la obra o servicio, y la entidad beneficiaria debe enviar la certificación de recepción de los fondos. El pago anticipado de la subvención queda prohibido si la beneficiaria no está al corriente con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o si tiene una deuda por reintegro. La entidad beneficiaria debe justificar la subvención, someterse a comprobaciones y cumplir reglas de identificación y publicidad; el incumplimiento puede dar lugar al reintegro de lo recibido con intereses. La entidad beneficiaria debe presentar un informe al Instituto Nacional de Empleo en el plazo de un mes tras finalizar el ejercicio presupuestario y facilitar la información que este organismo le requiera para la evaluación del programa. The amount of the aid or subsidy must not exceed the cost of the activity being carried out by the beneficiary, including when combined with other public or private aid.