Decreto 185/1980 - FIJACION DE DISPOSICIONES PARA ABREVIAR TRAMITES EN MATERIA JUDICIAL PENAL

VISTOS: Visto: la necesidad de continuar abreviando trámites en materia judicial penal. Considerando: I) Que es permanente inquietud del Poder Ejecutivo, poner en marcha la facultad de policía en el trámite que institucionalmente ostenta el Ministerio de Justicia y, en tal virtud es preocupación suya la de erradicar apenas se perciben sus efectos, los criterios desviados -y a veces medio mal disimulados de no llegar a soluciones definitivas en los trámites- el empleo de los cuales fatalmente conduce a prácticas que hacen prolongados los procedimientos; II) Que es así que se advierte en trámites penales, prácticas que en definitiva son dilatorias y que -es menester señalarlo- a veces provienen del exceso de medidas irrelevantes solicitadas por el Ministerio Público en lo Penal. Otras veces los Instructores reservan trámites penales en la búsqueda de algún testigo inubicable y cuyo testimonio -además- carece de virtualidad procesal, lo que implica otra suerte de parálisis inadmisible en la tramitación; III) Que asimismo se han detectado muchos casos en los que se dilapida dinamismo procesal, prosiguiéndose de oficio, trámites que deben instruirse a denuncia de parte, la que sin embargo falta; IV) Que finalmente el trámite penal es objeto de uso y abuso por parte de quienes pretenden prevalecerse de la "penosidad" de los mentados trámites dándoles una propulsión o impulso artificial. Lo que es menester evitar so riesgo de que los Juzgados de Instrucción -que como todos los Juzgados tienen el deber del correcto orden de los trámites- se transformen en el receptáculo de asuntos no penales susceptibles de manejarse luego coactivamente. Atento: a lo que establecen, en el artículo 1º, 7º y concordantes del Acto Institucional 8 y artículos 168, inciso 6º de la Constitución de la República, El Presidente de la República DECRETA: FIRMANTES: MENDEZ - FERNANDO BAYARDO BENGOA Artículo 1 El Ministerio Público en lo Penal deberá procurar que los trámites no se dilaten por el pedido de medidas probatorias que - cualquiera fuera su naturaleza- no resultaren esencialmente indispensables para el esclarecimiento del hecho que se indaga. Las solicitudes de informes de contenido presuntivamente probatorio, que impliquen dilatar la formulación de la acusación, deberán ser comunicadas en forma circunstanciada y explícita al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, dentro de las 48 horas de pedidas. Artículo 2 Cuando el Ministerio Público en lo Penal solicite ampliación en la declaración de testigos, deberá especificar al Juzgado los puntos concretos en que deben versar dichas ampliaciones. Artículo 3 El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación en la oportunidad legal de la consulta de causas penales, en vía administrativa, revisará la actuación de los representantes del Ministerio Público en lo Penal a los efectos de la potestad correccional que pudiere corresponder ejercer en los casos en que hubieran intervenido. Artículo 4 Sin perjuicio de lo expuesto en los artículos precedentes, los Jueces de acuerdo a las atribuciones legales para mantener el orden en los trámites podrán poner en conocimiento del Fiscal de Corte, hechos de los representantes del Ministerio Público en lo Penal que por transgredir las normas anteriores impliquen incumplimiento en el cargo (Código de Instrucción Criminal, artículo 425; Código de Organización de los Tribunales, artículo 198). Artículo 5 Los Jueces con potestad instructoria, podrán prescindir de la evacuación de citas y se abstendrán de paralizar los trámites, en los que se hubiere omitido la declaración de algún testigo por no tener domicilio conocido, toda vez que -a su juicio- tal testimonio no resultara esencial para esclarecer el fondo del asunto. Artículo 6 Los Jueces del orden penal con competencia instructoria deberán ser particularmente cuidadosos a los efectos de conjurar y neutralizar el pretexto forense de algunas personas interesadas en que se inicien trámites penales artificiales como instrumento coercitivo para elucidar situaciones ajenas al objeto de tales procedimientos. Artículo 7 Los jueces del orden penal se abstendrán en todo caso de dar curso e impulsar de oficio, trámites por hechos presuntamente delictivos cuya tramitación requiera legalmente instancia de parte ofendida, y sin embargo no exista tal instancia. Artículo 8 Comuníquese, etc