Decreto 157/2005 - CONTRATOS DE PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE SANEAMIENTO O ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

VISTOS: VISTO: la Resolución del Poder Ejecutivo N° 1.027/004 de 17 de noviembre de 2004 y el Decreto N° 435/004 de 13 de diciembre de 2004; RESULTANDO: I) que por la citada Resolución el Poder Ejecutivo asignó al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la supervisión y la coordinación con la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) y la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) y con los prestadores respectivos, las acciones conducentes a la transición a la persona jurídica estatal correspondiente de los servicios de prestación de agua potable y saneamiento alcanzados por la reforma constitucional aprobada en el plebiscito realizado el 31 de octubre de 2004; II) que en el Decreto N° 435/004 se reconoció expresamente, la existencia de notorias discrepancias interpretativas en cuanto a los efectos de la reforma, a resolverse oportunamente por los procedimientos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico; III) que en los Considerandos II) y V) del referido decreto se hace mención a la necesaria existencia de un período de transición hasta la asunción, por parte de personas jurídicas estatales de los servicios públicos de saneamiento y de abastecimiento de agua para el consumo humano, actualmente a cargo de prestadores no estatales; IV) que del citado Considerando V) se desprende claramente que las situaciones jurídicas en virtud de las cuales los servicios públicos en cuestión se prestaron hasta el presente, no se han extinguido ipso iure por la entrada en vigencia de los nuevos preceptos constitucionales, sino que subsisten durante el lapso imprescindible para el cumplimiento de las operaciones necesarias, en cada caso concreto, para la transferencia de los mismos a las personas jurídicas estatales que deban asumirlos; V) que, empero, ni de la Resolución N° 1.027/004, ni del Decreto N° 435/004, surge claramente determinada la incidencia que, sobre las instituciones jurídicas de las prestatarias no estatales de esos servicios, emana de la entrada en vigencia de las nuevas normas constitucionales; CONSIDERANDO: I) que el numeral 3) del tercer inciso del artículo 47 de la Constitución de la República dispone que el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales; II) que es un principio de hermenéutica jurídica generalmente admitido, que las normas de efectos generales carecen de efectos retroactivos, salvo que ello resulte claramente de las mismas disposiciones; III) que la entrada en vigencia de las normas incorporadas al artículo 47 de la Constitución de la República impone determinar si las mismas han modificado situaciones jurídicas nacidas con anterioridad, al amparo de contratos que al momento de su celebración reunían, de acuerdo a las normas constitucionales y legales entonces vigentes, todos los requisitos exigidos para su perfeccionamiento y validez; IV) que el principio de seguridad jurídica no sólo es trasunto del derecho fundamental a la protección en el goce de la seguridad, sino que es además, en forma inconcusa, uno de los principios generales estructurantes de nuestro ordenamiento jurídico, y como tal, fundamento de la tutela de los derechos que se derivan de la forma republicana de gobierno (artículos 7° y 72 de la Constitución de la República); V) que, en consecuencia, no puede procederse al desconocimiento de las situaciones jurídicas resultantes de contratos válidos al momento de su celebración, sin grave desmedro del sistema del Estado de Derecho; VI) que todo ello debe entenderse sin perjuicio de que, al vencimiento de los plazos contractuales vigentes, los servicios públicos a cargo de prestadores no estatales pasen a ser gestionados de inmediato, en forma exclusiva y directa, por las personas jurídicas estatales que deban asumirlos de acuerdo a la normativa aplicable; ATENTO: a lo expuesto y a las disposiciones de los artículos 7° y 72° de la Constitución de la República; EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Actuando en Consejo de Ministros DECRETA: FIRMANTES: TABARE VAZQUEZ - JOSE DIAZ - REINALDO GARGANO - DANILO ASTORI - AZUCENA BERRUTTI - JORGE BROVETTO - VICTOR ROSSI - JORGE LEPRA - EDUARDO BONOMI - MARIA JULIA MUÑOZ - JOSE MUJICA - HECTOR LESCANO - MARIANO ARANA - MARINA ARISMENDI Artículo 1 Las personas jurídicas no estatales que tengan la calidad de prestatarios del servicio público de saneamiento o del servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano, en virtud de contratos celebrados con anterioridad al 31 de octubre de 2004, continuarán suministrando dichas prestaciones hasta el vencimiento del plazo originalmente pactado, sin perjuicio de las acciones que puedan corresponder en caso de incumplimiento, rigiéndose en un todo por los términos del respectivo contrato. Artículo 2 Cométese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente coordinar con la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) y la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) la adopción inmediata de las medidas conducentes a asumir en forma directa y exclusiva la prestación del servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano que al presente estén siendo suministrados por prestadores no estatales sin plazo contractual o con carácter precario. Artículo 3 Derógase la Resolución del Poder Ejecutivo N° 1.027/004 de 17 de noviembre de 2004 y el Decreto N° 435/004 de 13 de diciembre de 2004. Artículo 4 Comuníquese, publíquese, etc.