Decreto 272/1999 - PUERTOS COMERCIALES. DISPOSICIONES APLICABLES

VISTOS: VISTO: el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 412/992 de 1º de setiembre de 1992 reglamentario de la Ley de Puertos Nº 16.246 de 8 de abril de 1992. RESULTANDO: I) Que el artículo 9 de la referida Ley de Puertos, establece que la prestación de servicios portuarios en el Puerto de Montevideo por parte de empresas privadas, se debe ejercer en los términos y condiciones que disponga la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Administración Nacional de Puertos. II) Que el Poder Ejecutivo por Decreto Nº 412/992 de 1º de setiembre de 1992 y con los asesoramientos previstos de la Administración Nacional de Puertos, dictó la reglamentación de los servicios portuarios en el Puerto de Montevideo. III) Que el art. 20 de la Ley de Puertos determinó que los puertos estatales existentes fuera del departamento de Montevideo, continuaran administrados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con excepción de aquellos que el Poder Ejecutivo asigne a la Administración Nacional de Puertos. IV) Que el Poder Ejecutivo por Decreto Nº 555/992 de 16 de noviembre de 1992 encomendó a la Administración Nacional de Puertos, la administración, conservación y desarrollo de los puertos de Fray Bentos, Nueva Palmira y Colonia, así como el muelle comercial del puerto de Juan Lacaze con la parte del recinto portuario que se le asigne, quedando los demás puertos estatales del interior administrados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. V) Que el Poder Ejecutivo -Ministerio de Transporte y Obras Públicas- está llevando adelante la voluntad legislativa de lograr que la prestación de los servicios portuarios sean eficientes y competitivos, mediante diversos llamados públicos para otorgar, en régimen de concesión, la explotación de puertos que contribuyan al desarrollo del interior del país. CONSIDERANDO: I) Que las previsiones reglamentarias del multicitado Decreto Nº 412/992 han sido establecidas particularmente para el desarrollo y explotación de los servicios portuarios en el Puerto de Montevideo, siendo necesario que los otros puertos existentes fuera del departamento de Montevideo, administrados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, logren también los objetivos de la Ley de la materia, de fomento de la economía nacional y de descentralización. II) Que es conveniente, para atender los propósitos antes enunciados y los esfuerzos cumplidos para alcanzar el desarrollo de los puertos fuera del departamento de Montevideo, que su explotación, cuando se haga por concesionarios, se ubique dentro del citado marco reglamentario, en condiciones que faciliten estos emprendimientos y su factibilidad, estimulando la presentación de interesados en esos emprendimientos. III) Que la prestación de servicios portuarios eficientes y competitivos constituyen un objetivo prioritario reconocido por la ley para el desarrollo del interior del país. IV) Que compete al Poder Ejecutivo el establecimiento de la política portuaria y el más amplio control de su ejecución, fomentando la descentralización de los diferentes puertos de la República, velando para que los servicios que allí se presten lo sean en régimen de libre concurrencia, estableciendo, cuando se trate de concesiones, permisos o autorizaciones, que estos se otorguen por plazo determinado. V) Que es necesario precisar la reglamentación vigente cuando se trata de puertos ubicados fuera del departamento de Montevideo administrados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, respetando en todos sus términos, lo que dispone la Ley de Puertos en materia de forma, condiciones, garantías, poderes de control y verificación de los servicios portuarios. VI) Que corresponde atender la situación planteada deslindando el alcance del Decreto Nº 412/992 de 1º de setiembre de 1992. ATENTO: a lo establecido en el artículo 168 numeral 4 de la Constitución de la República y la Ley de Puertos Nº 16.246 de 8 de abril de 1992. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DECRETA: FIRMANTES: SANGUINETTI - LUCIO CACERES - GUILLERMO STIRLING - ROBERTO RODRIGUEZ PIOLI - LUIS MOSCA - CARLOS MA. OLARREAGA - YAMANDU FAU - JULIO HERRERA - ANA LIA PIÑEYRUA - RAUL BUSTOS - LUIS BREZZO - BENITO STERN - BEATRIZ MARTINEZ Artículo 1 Establécese que para los puertos comerciales ubicados fuera del departamento de Montevideo, administrados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no son de aplicación las disposiciones del artículo 49 B del Decreto Nº 412/992 de 1º de setiembre de 1992. (*) [Nota: Ver en esta norma, artículo: 2.] Artículo 2 Los Pliegos de Condiciones de los llamados públicos que se efectúen para desarrollar, explotar y mantener, en régimen de concesión, los puertos mencionados en el artículo precedente, deberán ser sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo y establecerán expresamente, además de lo que la normativa de la materia indica, aplicando en lo que corresponda lo dispuesto por los arts. 45, 77 y 78 del Decreto Nº 412/992, lo siguiente: a) el plazo de la concesión estará de acuerdo con la inversión proyectada, el espacio requerido y el avance tecnológico que represente el proyecto; b) la Administración Portuaria será ejercida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; c) la determinación de quién ejercerá las funciones de Capitanía; y d) la declaración sobre si se constituirán Comisiones Honorarias. Artículo 3 Comuníquese, publíquese, etc..