Decreto 398/1977 - REGULACION DE LA POTESTAD DE LA CORTE DE JUSTICIA Y DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE DICTAR ACORDADAS

VISTOS: Visto: la ubicación de la Corte de Justicia y Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el sistema orgánico judicial. Considerando: I) Que la norma suprema vigente es terminante en el sentido de consagrar la primacía institucional de la Corte, sobre todos los Tribunales, Juzgados e Institutos Técnicos, pudiendo y debiendo actuar en lo pertinente, de acuerdo con esa norma suprema (Acto Institucional 8; artículo 6º, inciso 2º); II) Que por mérito de ello la Corte de Justicia tiene la potestad y el deber de dictar las "acordadas", cuya existencia imponga las necesidades administrativas de la función. Todo ello, sin perjuicio -claro está- de la primacía jerárquica del Ministerio de Justicia (Acto citado: artículo 43); III) Que las estimaciones normativas precedentes, son de aplicación al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Acto citado: artículo 35). Atento: a lo precedentemente expuesto y a lo que dispone el artículo 50 del acto institucional 8, El Presidente de la República DECRETA: FIRMANTES: MENDEZ - FERNANDO BAYARDO BENGOA Artículo 1 Las "acordadas" en cuanto resoluciones administrativas de la Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, deberán dirigirse a regular con carácter general dentro de los límites de primacía institucional, que confiere el acto institucional 8 las actividades de los Tribunales, Juzgados, Institutos Técnicos y personal de las funciones comprendidas en la Justicia Ordinaria y la Administrativa. Artículo 2 El ejercicio de la facultad de dictar "acordadas", se hará dando conocimiento circunstanciado dentro de las 24 horas de dictadas al Ministerio de Justicia. Queda reservada al Poder Ejecutivo, la posibilidad de introducir modificaciones en el acto administrativo dictado o aún dejarlo sin efecto en forma fundada; todo lo que se hará conocer de inmediato al órgano de procedencia. Artículo 3 Lo expuesto en los artículos precedentes, no obsta para que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia dicte también en el plano administrativo las instrucciones generales que viere del caso corresponder para el mejor cumplimiento de las actividades administrativas con que se dinamizan los servicios de las autoridades a cuyo respecto se dirigen. Artículo 4 Déjanse sin efecto, todas las acordadas que se opongan directa o indirectamente a normas expresas, vigentes para la Administración Central, que se refieran a la misma materia reglamentada por aquéllas. Cualquier duda que la Corte de Justicia o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tuvieran en cuanto a la posible vigencia de alguna acordada en concreto, deberá ser consultada al Ministerio de Justicia planteando la consulta en forma fundada con la referida duda. Artículo 5 Comuníquese, etc.