Decreto 123/1979 - REGULACION DE LA INTERVENCION LEGALMENTE PRECEPTIVA EN LOS TRAMITES JUDICIALES DE LOS FISCALES EN LO CIVIL Y LETRADOS DEPARTAMENTALES EN EL INTERIOR

VISTOS: Visto: la necesidad de regular la intervención legalmente preceptiva en los trámites judiciales, de los señores Fiscales en lo Civil y Letrados Departamentales en el Interior. Considerando: I) Que es preocupación constante del Poder Ejecutivo la de tomar todas las medidas conducentes a la racionalización de trámites judiciales y -ello es consecuencia de lo anterior- la de agilitar los mismos; II) Que uno de los puntos neurálgicos de posibles dilaciones, radica en el envío bajo conocimiento de los representantes del Ministerio Público de toda una variada gama de expedientes, de la más heterogénea naturaleza, con confusión de lo que legalmente es la "intervención preceptiva" de los señores Fiscales. Es así que se confunden en la mentada intervención, casos en los que se tramitan juicios de desalojo, rescisión de contrato y otros cuya naturaleza no se vincula a la intervención "ope legis" del Ministerio Público; III) Que en nuestro derecho adjetivo, la intervención preceptiva del Ministerio Público (como parte) se edicta en el artículo 171 del Código de Organización de los Tribunales cuyo primer inciso alude a la representación y defensa de la causa pública en todos los asuntos en que puede estar interesada. Cuyo primer inciso resulta una verdadera forma de primer grado, que se halla elíptica -de una u otra manera- en los restantes incisos del artículo citado. Esto es que el gran principio que puede y debe extraerse concierne a que la participación preceptiva del Ministerio Público está demarcada por la representación del interés público; IV) Que la intervención judicialmente facultativa que para los señores Fiscales está edictada por el artículo 174 del Código de Organización de los Tribunales no implica una válvula abierta a los principios de la injerencia preceptiva, sino que la aludida discrecionalidad está reglada por un límite o finitud: debe tratarse de "negocios que afecten el interés público". Y es obvio que el artículo 176 seg. ap. se refiere a la oportunidad o momento procesal de la intervención del Ministerio Público (proceso en estado de dictarse resolución), sin que colida con la norma del artículo 174; esto es, que la razón de interés público también encartada en la aludida norma permanece incólume porque -como se dijera- el canon del artículo 176 ap. seg. nada tiene que ver con la ontología de los juicios en que debe tomar conocimiento el Ministerio Público. Claro que si la esencia de la intervención preceptiva del Ministerio Público la está determinando el interés público, es menester poner particular énfasis en su concepto pues la falta de marcos en el mismo puede llegar a implicar una total hipertrofia del concepto de participación preceptiva del Ministerio Público. Ello es tan así que la violación de una ley "de orden público" de suyo no legitima la intervención preceptiva del Ministerio Público. El interés público, es interés de la causa pública o sea el conjunto de necesidades de la Sociedad, obviamente generales y por ende llamadas a prevalecer sobre aquéllas de carácter individual. El concepto es menos amplio que el de orden público. O sea, el conjunto de valoraciones culturales (de carácter político, social, económico o moral) propias de una Sociedad determinada, en un momento histórico preciso, base y fundamento de todo derecho positivo y por ende de la ley. Es evidentísimo, por ejemplo, que las leyes de desalojos, que se definen como de "orden público", no implican si se vulneran, la necesidad de la Sociedad de que se abogue por ella con la intermediación del Ministerio Público, en defensa de intereses suprapersonales. O sea, en definitiva, que la tesis de la correcta distinción entre uno y otro concepto, racionalizada la intervención preceptiva del Ministerio Público, y al mismo tiempo evita todo abuso por la exigencia de tal intervención en asuntos que no afectan la causa pública; V) Que de todo lo expuesto fluye que siempre que el Ministerio Público considere que se le ha dado intervención en un asunto sin que se encuentre afectado el interés público, puede y debe abstenerse de emitir opinión rehusando su dictamen, ya que -como se dijera- la causa pública afectada es la condición fundamental de la intervención de aquél en función preceptiva -claro está- sin que esté dentro de las facultades judiciales reclamar el adudido dictamen en cualquier caso con alusión a que competa preceptivamente; VI) Que los representantes del Ministerio Público están legalmente obligados a velar por la exacta ritualidad de los trámites buscando su corrección por la evitación de malas prácticas. Atento: a lo precedentemente expuesto y a que es indispensable reglamentar los artículos 173, inciso 3º del Código de Organización de los Tribunales -en su reenvío a los artículos 168-169 del mismo- 171, 174 y 176 seg. apartado del Código citado; todo ello según la potestad regulada por el artículo 168, inciso 4º de la Constitución, El Presidente de la República DECRETA: FIRMANTES: MENDEZ - FERNANDO BAYARDO BENGOA Artículo 1 Cuando los señores Fiscales de lo Civil y Fiscales Letrados Departamentales actúen en trámites judiciales en función de intervención preceptiva, recibirán en aquéllos, los expedientes que les remitan los señores Jueces, en cuanto los asuntos afecten el interés público (Código de Organización de los Tribunales: artículo 171, 174 y 176 seg. apart.). Artículo 2 Los señores Fiscales de lo Civil y Letrados Departamentales, no están obligados a emitir opiniones que no refieran a supuestos legales que habilitan su intervención en trámites judiciales. Artículo 3 En todo caso los titulares del Ministerio Público vigilarán los trámites y procurarán corregir sus malas prácticas en el expediente, en la forma que establece la ley (Código de Organización de los Tribunales, artículo 171, inciso 3º, 168 y 169). Cuando se dieren los supuestos referidos en el apartado precedente, notificarán fundamentalmente las incorrecciones comprobadas en los trámites, ante el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, quien requerirá lo que estime que por derecho corresponda al caso (Código de Organización de los Tribunales, artículo 169). Artículo 4 Comuníquese, etc.