AI-assisted research summary: El Ministerio del Interior debe expedir Certificados de Antecedentes Judiciales bajo estas reglas: los datos de prontuarios son reservados, el certificado solo puede incluir resoluciones y sentencias judiciales, y no puede contener hechos sin base en una condena o decisión judicial competente.
VISTOS: VISTO: La necesidad de actualizar y adecuar el decreto 630/980 de 2 de diciembre de 1980 referido a las normas que regulan el sistema de expedición de los denominados "Certificados de Habilitación Policial". CONSIDERANDO: I) Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7º de la Constitución Nacional, todos los habitantes de la República tiene derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, estableciendo además el artículo 26, en cuanto a los procesados y penados, que debe perseguirse su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito, a los efectos de reinsertarlos socialmente. II) Que por mandato constitucional ningún habitante de la República puede ser privado de lo que la ley no prohibe, ni obligado a hacer lo que ésta no manda -artículo 10 de la Constitución-. III) Que como consecuencia lógica de la aplicación de los principios constitucionales enunciados, la autoridad policial debe limitarse a extender las certificaciones que correspondan sobre los individuos, sólo cuando exista en sus registros la acreditación de haber cometido un delito o una resolución judicial que prohiba hacer o realizar determinada actividad, siendo la entidad a quien va dirigido el Certificado y no la autoridad policial, quien debe realizar la calificación de aptitud o idoneidad correspondiente. IV) Por tal motivo y no ser la Policía quien determina o no dicha habilitación, corresponde técnicamente sustitir la denominación de "Certificado de Habilitación Policial" que hasta la fecha se le ha dado al documento que aquella expide, por el de "Certificado de Antecendentes Judiciales". ATENTO a lo precedentemente expuesto, EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DECRETA FIRMANTES: SANGUINETTI - GUILLERMO STIRLING Artículo 1 Las Dependencias competentes del Ministerio del Interior expediran "Certificados de Antecedentes Judiciales", de acuerdo a las disposiciones que a continuación se establecen. Artículo 2 Los datos de los prontuarios existentes en las distintas dependencias del Ministerio del Interior, son por principio reservados, quedando su uso limitado a las instituciones del Estado. Artículo 3 Cuando se extienda un "Certificado de Antecedentes Judiciales", solamente se podrán consignar en él, las resoluciones y sentencias judiciales que hubieren recaído sobre el individuo, y, en todo caso, será el destinatario quien calificará la aptitud del sujeto, para aquello que fuere necesario según las circunstancias. Artículo 4 Está especialmente prohibido, consignar en el referido Certificado hechos que no tengan su fundamento en una conducta condenada por la ley y acreditada por la justicia competente. Artículo 5 Los Certificados de Antecedentes Judiciales se expedirán a solicitud de los interesados, con indicación del destino, acreditándose identidad fehaciente mediante cualquier medio idóneo para tal fin, pero se entregarán directamente a la autoridad facultada para exigirlo de acuerdo a las Leyes, Decretos y Convenios Internacionales suscriptos por el país. (*) [Nota: Redacción dada por: Decreto Nº 163/022 de 24/05/2022 artículo 1. TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 382/999 de 07/12/1999 artículo 5.] Artículo 6 En todo Certificado se hará constar en su anverso lo siguiente: "Este documento solamente justifica que su titular se encuentra en las condiciones previstas en este decreto, cuyo texto se transcribe íntegramente al dorso". Artículo 7 El Certificado de Antecedentes Judiciales caducará a los tres meses de ser expedido. Artículo 8 Derógase el Decreto 630/980 de 2 de diciembre de 1980 y demás disposiciones que se opongan expresa o tácitamente a lo preceptuado en el presente decreto. Artículo 9 Comuníquese, etc.