Decreto 355/1978 - REGLAMENTACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS JUZGADOS EN RELACION A LA OFICINA NACIONAL DE NOTIFICACIONES

VISTOS: Visto: la necesidad de agilitar el cumplimiento de las obligaciones de los Juzgados en su relación con la Oficina Central de Notificaciones. Resultando: I) Que según le consta a la Dirección de la Oficina Central de Notificaciones, conviene ajustar el régimen de vinculación funcional con los Juzgados en diversos extremos; II) Que la Inspección General de Actuarias del Ministerio de Justicia ha corroborado lo precedentemente expuesto, señalando que las Oficinas Judiciales incurren a veces en algunas faltas que corresponde impedir; III) Que una de las faltas comprobadas radica en los datos erróneos que en algunas ocasiones se suministra al público cuando solicita informes sobre una determinada actuación destinada a la Oficina Central de Notificaciones,; otra residiría en el incumplimiento del inciso 1º del artículo 12º de la acordada 6.302. Y finalmente se ha consignado por la Inspección General la conveniencia de ser unívoco en el punto de partida del plazo para la remisión de recaudos a la Oficina Central de Notificaciones. Considerando: I) Que lo precedentemente expuesto determina en forma impostergable reglamentar como una obligación primaria que los funcionarios judiciales han de suministrar al público informaciones exactas particularmente con respecto al destino de actuaciones que deben ser remitidas a la Oficina Central de Notificaciones y ello como forma de evitar equívocos entorpecedores; II) Que desde el punto de vista práctico es verdaderamente grave la proyección que tiene el incumplimiento del inciso 2º del artículo 12º de la acordada 6.302, en la medida que para ello implica no estar al plazo de 3 días hábiles para la expedición de actuaciones a la Oficina Central con el requisito de la firma de uno de los Actuarios; III) Que resulta igualmente imprescindible tomar todas las medidas destinadas a que una vez que haya vencido el plazo de 3 días reglamentarios de la acordada 6.302 se dicte un mandato verbal del Juez estableciendo en qué fecha está en condiciones de ser notificada la actuación. La circunstancia es particularmente importante porque en modo alguno puede prevalerse de los precedentemente expuesto como subterfugio par no cumplir puntualmente con la remisión de actuaciones a la Oficina Central; IV) Que es muy obvio que vencido el plazo reglamentario de 3 días hábiles que menciona el artículo 12º de la acordada 6.302 corresponderá un "mandato verbal del Juez", estableciendo que a la fecha queda en condiciones de ser notificado el auto correspondiente. La constancia del momento tiene importancia vital para empezar a contar el plazo de la remisión de recaudos a la Oficina Central de Notificaciones; V) Que sin embargo haya casos en los que no se está ante actuaciones que puedan ser notificadas de inmediato a partir del acto respectivo. Es un buen ejemplo el caso en que por haberse dictado medidas cautelares y citación de excepciones en un solo decreto, resulta evidente que la notificación de tal citación no podrá efectuarse hasta estar cumplidas las medidas cuatelares. Estas son en verdad un desarrollo ineludible de una etapa posterior del trámite; desconocerlo, es eludir lo verdadero; VI) Que es muy obvio que la expedición de recaudos por las respectivas entidades judiciales, fuera de término irroga un serio perjuicio en el régimen de notificaciones por mérito de lo cual frente a tan grave falta deberá actuarse disciplinariamente, y así se prevé en el decreto. Atento: a lo precedentemente expuesto y a lo que dispone el artículo 168º inciso 4º de la Constitución de la República; artículo 1º y concordantes del acto institucional 8 y artículos 5º, 10º y 11º de la ley 13.355 del 17 de agosto de 1965, El Presidente de la República DECRETA: FIRMANTES: MENDEZ - FERNANDO BAYARDO BENGOA Artículo 1 Todo funcionario judicial requerido por cualquier interesado legítimo en un trámite judicial está obligado a suministrar información precisa y controlada sobre la remisión de actuaciones a la Oficina Central de Notificaciones. El quebranto de la obligación funcional establecida en el apartado anterior configura falta administrativa grave por informalidad que afecta al servicio. Artículo 2 Se considera omisión administrativa, el incumplimiento por los Juzgados de la obligación de enviar dentro del plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de la fecha del auto a notificar -con el visto bueno del Actuario- los recaudos del caso a la Oficina Central de Notificaciones. Artículo 3 Unicamente en el caso en que por naturaleza de un decreto judicial, resulte ineludible el cumplimiento de medidas dispuestas por el mismo, previamente a su notificación, una vez cumplidas esas medidas y en los recaudos a remitir a la Oficina Central de Notificaciones, deberá dejarse constancia de la fecha en que quedó en condiciones de ser notificado el decreto, a fin de computar, desde esa fecha, el plazo fijado por el artículo precedente. Artículo 4 La constancia del momento en que queda en estado de ser notificada la actuación, será el punto de partida inicial para contar el plazo de la remisión a la Oficina Central de Notificaciones. Artículo 5 La expedición de recaudos por Tribunales y Juzgados fuera del plazo que prevé este decreto y normas reglamentarias concordantes al mismo, determinará que la Oficina Central de Notificaciones dé cuenta a la Corte de Justicia en la oportunidad y términos del artículo 14º de la acordada 6.302 del 26 de abril de 1977. La Corte de Justicia actuará la disciplina administrativa del caso, dando cuenta al Poder Ejecutivo (Acto institucional 8, artículo 7º, 1er. apartado). Artículo 6 Comuníquese, etc.