Resolución 59/1994 - INTERVENCION ADMINISTRATIVA DE ASOCIACION CIVIL. SINDICATO DE VENDEDORES CALLEJEROS Y AMBULANTES DEL URUGUAY

VISTOS: Visto: la serie de hechos que han ocurrido en la asociación civil denominada SINDICATO DE VENDEDORES CALLEJEROS Y AMBULANTES DEL URUGUAY. Resultando: I) Que con fecha 18 de febrero de 1992, se instaló una Comisión Directiva electa en Asamblea General; II) Que a poco de instalada esaComisión Directiva se sucede una serie de hechos que denotan graves irregularidades en su funcionamiento, tanto en lo que se refiere al aspecto institucional como a las relaciones entre los asociados; III) Dentro de los hechos que han configurado graves irregularidades pueden señalarse, entre otros, los siguientes: 1) Existencia de dos grupos opuestos encabezados por quienes ocupaban los cargos de Presidente y Secretario General de la Comisión Directiva, señores JULIO SIVA y CARLOS MATTOS; 2) La Comisión Directiva dejó de reunirse a partir de marzo o abril de 1992, no concurriendo varios de sus miembros; 3) Se suceden desde el mes de junio de 1992 una serie de comunicados y citaciones a reuniones y asambleas, desconocimientos de esas citaciones y asambleas, convocadas por ambos grupos; 4) A partir del 12 de octubre de 1992 coexistirán dos Comisiones Directivas y dos Asambleas Generales, que responden cada uno a los grupos encabezados por quienes ejercían los cargos de Presidente y de Secretario General, que actuarán en forma totalmente independiente y opuestas unas de otras y sin legitimidad ninguna de ellas; 5) Falta el padrón social y la documentación del Sindicato (Libros de Actas, de Comisión Directiva, de Asambleas, de Caja); Considerando: I) De los hechos reseñados precedentemente y de los que más ampliamente surgen de las actuaciones, resulta que la situación de la Institución tal como se encuentra en estos momentos no puede continuar indefinidamente; II) Que han dado en el curso de los acontecimientos una serie de graves irregularidades que pueden resumirse en una cisma institucional producido como consecuencia de la existencia de dos grupos opuestos, lo que se ve reflejado en los aspectos ya considerados; III) La situación requiere como solución la adopción de medidas extremas que permitan recomponer el funcionamiento de los órganos sociales y la marcha de la Institución y la única vía para solucionar el diferendo que ha alterado profundamente la vida de la entidad es disponer su intervención a fin de reorganizar un padrón social y electoral, en forma abierta, que refleje verídicamente cual es el grupo de personas que conforma su sustento social y una vez logrado esto disponer un llamado a elección de autoridades cuya preparación y realización cuente con el respaldo que puede brindar esta Secretaría de Estado; IV) En el caso es de aplicación el numeral 1) del artículo 3º del decreto ley 15.089 de 12 de diciembre de 1980, en cuanto es obvio que las resultancias de este expediente prueban que han existido actos graves que importaron violación de la Ley de la reglamentación o del estatuto, siendo por otra parte evidente que en el saneamiento de la vida de esta entidad está involucrado el interés público, representado por el cúmulo de asociados de la entidad que en principio se han visto involucrados en una lucha de facciones internas, que han alterado gravemente la normal actividad de dicha entidad desde por lo menos hace un año. Atento: a lo informado por la Asesoría Letrada de la Dirección de Justicia, a lo dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno de Primer Turno y a lo dispuesto en el artículo 3º del decreto ley 15.089 de 12 de diciembre de 1980 y en el numeral 1º, apartado n) de la Resolución del Poder Ejecutivo 798/968 de 6 de junio de 1968, reglamentaria del artículo 168 de la Constitución de la República, que permite delegar atribuciones, El Ministro de Educación y Cultura, en ejercicio de las atribuciones delegadas RESUELVE: FIRMANTES: ANTONIO MERCADER 1 Dispónese la intervención de la asociación civil denominada SINDICATO DE VENDEDORES CALLEJEROS Y AMBULANTES DEL URUGUAY. 2 Desígnase interventor a la señora Inspectora Catalina Andreu quien reunirá los poderes y facultades que el Estatuto otorga a todas las autoridades regulares de la Institución. 3 La Interventora designada tendrá como cometido el reorganizar un padrón social y electoral, en forma abierta y disponer un llamado a elección de autoridades, que deberá organizar, convocar, controlar, proclamar el resultado y dar posesión de sus cargos a las autoridades que resulten electas. 4 Los gastos que se produzcan y las retribuciones que se generen a raíz de la intervención dispuesta serán de cargo de la institución que se interviene. 5 Comuníquese a la Fiscalía de Gobierno de Primer Turno, a la Dirección de Justicia de esta Secretaría de Estado y pase al funcionario designado a quien se comete la realización de las notificaciones correspondientes.